Actualidad

Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

El pasado 14 de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un Real-Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en aras de mejorar el acceso a la vivienda y favorecer la regulación de los contratos de alquiler.

Esta nueva norma jurídica con rango de ley, pendiente de convalidación o ratificación por el poder legislativo, el Congreso de Diputados, en un plazo máximo de treinta (30) días, comprende las siguientes medidas y/o mejoras de distinta naturaleza:

  • Mejoras en la regulación de los contratos de alquiler.
  • Medidas en favor de las comunidades de propietarios ante el fenómeno del alquiler turístico de viviendas.
  • Mayor protección a los hogares vulnerables y mayor seguridad jurídica en el procedimiento de desahucio de vivienda, tanto a los propietarios como a los inquilinos.
  • Medidas fiscales en favor del alquiler de vivienda (IBI, ITP y AJD, etc.)
  • Medidas de fomento de la accesibilidad universal en situaciones de personas de movilidad reducida.
  • Medidas de estímulo de la oferta de viviendas de alquiler.

A continuación, les indicamos las principales medidas y/o mejoras a tener en consideración a la hora de formalizar un contrato de arrendamiento:

-En lo que respecta a la regulación de los contratos de alquiler, el Real-Decreto-Ley introduce modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los siguientes extremos:

  1. Plazo mínimo del contrato: Se amplía el plazo legal mínimo en el que el inquilino/arrendatario puede permanecer en la vivienda arrendada de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica).
  2. Prórroga del contrato: Se amplía el periodo de prórroga obligatoria de 1 a 3 años, en el caso de que el propietario/arrendador o el inquilino/arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.
  3. Garantía adicional a la fianza legal: Se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de arrendamiento de larga duración.
  4. Renovación y mejora vivienda: Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.
  5. Gastos inmobiliaria: Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento correrán a cargo del propietario/arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del inquilino/arrendatario.
  6. Alquiler turístico de vivienda: Se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable.

-En lo que respecta a las medidas fiscales, el Real-Decreto-Ley introduce modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los siguientes impuestos:

  1. Exención ITP y AJD: Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, de manera que se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual sobre el inquilino/arrendatario, anteriormente obligado a liquidar el pertinente modelo 600 de ITP y AJD.
  2. Repercusión IBI alquiler social de vivienda:
  • Se elimina la obligación de repercutir el IBI al inquilino/arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.
  • Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.
  • Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
  • Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.

Diciembre de 2018

Departamento Jurídico