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REAL DECRETO-LEY 5/2021 – AYUDAS DIRECTAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EN RESPUESTA A LA PANDEMIA

El pasado 13 de marzo de 2021 se publicó el Real Decreto-ley 5/2012, de 12 de marzo, que refiere a las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19 por las que se moviliza una inversión pública de hasta 11.000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación: tres fondos adicionales para financiar ayudas directas, restructuración de balances, recapitalización de empresas y la prórroga de moratorias fiscales y concursales.

A) Ayudas directas a empresarios / profesionales y empresas.

Con una dotación total de 7.000 millones de euros se crea una nueva línea de ayudas directas a autónomos y empresas para reducir el endeudamiento suscrito entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2021.

1.Se conceden ayudas directas a los autónomos y empresas con sede social en territorio español cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30% con respecto a 2019. Los beneficiarios podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley)

2.Los fondos tendrán que destinarse a pagar gastos fijos como arrendamientos, salarios, suministros eléctricos o deudas con proveedores.

3.Destinatarios:

Los destinatarios de las ayudas serán las empresas no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente. También deberán acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en la norma en el momento de su entrada en vigor. Los principales grupos beneficiarios son, entre otros, sectores con una gran incidencia de ERTES como: hoteles y alojamientos similares, restaurantes y puestos de comidas, actividades de transporte incluyendo el sector del taxi, actividades de los operadores turísticos, actividades de mantenimiento físico, actividades relacionadas con la cultura etc.

4. Cuantías:

Se establecen los criterios para determinar las cuantías máximas de las ayudas directas y se modulan en función de la caída del volumen de operaciones entre 2019 y 2020, correspondiendo a las CCAA establecer los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:

a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será de:

– El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.

– El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

En estos dos supuestos, las ayudas contemplan una franja económica que no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

5.Requisitos:

Los destinatarios de estas ayudas deben cumplir determinados requisitos como no tener su residencia fisca en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud y estar al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Estos destinatarios también deben asumir los compromisos de mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio del 2022, no repartir dividendos durante los años 2021 y 2022, y no aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un pedido de dos años desde la aplicación de alguna de las medidas.

B) Medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público.

Esta norma habilita al Gobierno para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes.

Para apoyar a aquellas empresas viables pero con problemas de solvencia derivados de la covid-19 que no pueden acceder al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para empresas y operaciones de mayor tamaño y necesiten un refuerzo adicional de su capital, se crea un nuevo Fondo de recapitalización de empresas afectadas, dotado con 1.000 millones de euros, que será gestionado por COFIDES, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

C) Aplazamiento de deudas tributarias.

La Disposición Adicional Tercera establece la extensión a cuatro meses del período en el que no se devengarán intereses de demora por los aplazamientos en el pago de tributos que, como ya avanzamos, inicialmente se estableció por un plazo de tres meses en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Por lo tanto, se amplía de 3 a 4 meses el periodo para poder aplazar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora, manteniéndose el periodo máximo de aplazamiento en un plazo de 6 meses.

El citado Real Decreto Ley también permite, a instancia del beneficiario y de forma extraordinaria, la ampliación extraordinaria de los plazos de ejecución y justificación de proyectos industriales beneficiarios de ayudas o financiación de la Secretaría General de Industria y de la PYME que ya hubieran sido objeto de prórroga del plazo de ejecución con anterioridad, siempre que se aleguen circunstancias sobrevenidas directamente vinculadas a los estados de alarma derivados de la crisis de la covid-19.

D) Exención en Actos Jurídicos Documentados.

Se recoge la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público.

Por último, en cuanto a medidas tributarias se refiere, se regula una exención general de cualquier tributo estatal, autonómico o local que pueda gravar cualquier transmisión patrimonial, operación societaria y actos derivados, directa o indirectamente de la aplicación de esta disposición e, incluso, las aportaciones de fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización o reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con cargo al Fondo.

E) Otras medidas.

  1. Moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales.

Se extienden hasta el 31 de diciembre de 2012 las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso.

  1. Posibilidad de celebrar durante el año 2021 juntas exclusivamente telemáticas.

Todas las sociedades de capital y el resto de personas jurídicas de Derecho privado que no hayan podido modificar sus estatutos sociales para permitir la celebración de la junta general o asambleas de asociados o de socios por medios telemáticos, puedan seguir utilizando estos medios durante el ejercicio 2021.

  1. La CNMV tendrá competencias para controlar la publicidad de criptoactivos.

Para reforzar la protección del inversor se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, para otorgar a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad de criptoactivos y otros activos e instrumentos, que no se regulan en la Ley del Mercado de Valores y que se ofrecen como propuesta de inversión.

Como de costumbre, seguiremos informándoles de las novedades que puedan seguir surgiendo y, si tienen alguna duda respecto a su aplicación o alcance, no duden en consultarnos.

Departamento Fiscal

Marzo 2021