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Proyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales – “TASA GOOGLE”

En el marco de la transformación digital de la economía mundial y de la necesidad de actualización de las normas fiscales internacionales a los nuevos modelos de negocio, el pasado 18 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, iniciando su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de presentación de enmiendas (en principio hasta el próximo 17 de marzo de 2020), y previéndose la entrará en vigor de la Ley pasados tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo Proyecto de Ley sigue las mismas sendas del proyecto que no prosperó en el ejercicio anterior, las bases de la Directiva comunitaria sobre este Impuesto que finalmente tampoco prosperó y se presenta como una medida temporal a la espera de que la OCDE (bajo el impulso del G20), a través del proyecto sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS), incorpore, previsiblemente para finales del presente ejercicio 2020, la solución adoptada internacionalmente.

Se prevé la creación del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (también conocido como “Tasa Google”; en adelante “IDSD”) que gravará, a un tipo impositivo del 3%, los ingresos derivados de prestaciones de los servicios digitales, que analizaremos a continuación, realizadas en España por empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos por servicios digitales en España superiores a los 3 millones de euros.

– Publicidad online: La inclusión, en una interfaz digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz; cuando en el momento en que la publicidad se muestra en el dispositivo de un usuario ese dispositivo se encuentre en España.

– Intermediación online: Los servicios de puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios, siempre y cuando la conclusión de la operación subyacente por un usuario se lleve a cabo a través de la interfaz digital de un dispositivo que en el momento de la conclusión se encuentre en España.

– Transmisión de datos: Los servicios y la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales; cuando los datos transmitidos hayan sido generados por un usuario a través de una interfaz digital a la que se haya accedido mediante un dispositivo que en el momento de la generación de los datos se encuentre en España.

No están sujetas al Impuesto las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario, ni las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago.

El IDSD se liquidará trimestralmente; aunque la presentación de las autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2020 no se producirá, en ningún caso, antes del 20 de diciembre de 2020.

Por lo que respecta al régimen sancionador, además del régimen sancionador general aplicable a supuestos de dejar de ingresar, se establece como infracción tributaria grave el falseamiento u ocultación del lugar determinante de realización de las prestaciones de servicios digitales (imponiéndose una sanción de 150 euros, por cada acceso en el que se haya falseado u ocultado dicho lugar). Además, también contempla, como obligación formal, el establecimiento de los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del Impuesto, junto con su régimen sancionador (multa pecuniaria del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros por cada año natural de incumplimiento).

Tras el análisis de los rasgos generales del nuevo IDSD, deberemos seguir atentos a las novedades que puedan venir, tanto a nivel nacional como internacional, para revisar las actividades digitales que puedan estar sometidas a tributación y revisar que los sistemas de información cumplan con las obligaciones derivadas del Impuesto.

Departamento Fiscal

Marzo 2020