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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El pasado 13 de octubre de 2020 se aprobó por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que iniciará ahora su trámite parlamentario para su aprobación definitiva. El proyecto de ley contiene los siguientes cambios en diversas normas y figuras tributarias:

Endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo

Se modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares.

A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Prohibición de amnistías fiscales

Otra medida que se contempla es la prohibición por ley de amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonios. Por lo que se reconoce de forma expresa la prohibición de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria.

Ampliación del listado de deudores de la Hacienda Pública

Se disminuye de 1.000.000 a 600.000 euros, el importe de las deudas con la Hacienda Pública cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado. Asimismo, se incluye expresamente en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios.

Paraísos fiscales

Se actualiza y amplia el concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas. Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente.

Lucha contra el software de doble uso

También se establece la prohibición del denominado software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. El objetivo es no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión.

Así, el proyecto de Ley exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Control de criptomonedas

En la actualidad, se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas y por eso se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

De este modo, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, las personas y entidades resididas en España, proveedores de servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, estarán obligadas a suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

Nuevo valor de referencia (ITPAJD, IP e ISD)

A la hora de determinar la base imponible de la transmi­sión o adquisición de bienes inmuebles, ya no se usará como valor de referencia el valor catastral de dichos inmuebles corregido por unos coeficientes multiplicadores, ahora, se crea un nuevo valor de referencia fijado por el Catastro en base al valor asignado en las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario, lo que pretende aproximar al máximo dicha valoración al valor real de mercado.

Hay que tener en cuenta que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el IIVTNU), pero si afectará a otros Impuestos (IP, ISD o ITP) en los que seguramente aumentará el impacto impositivo.

Ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio

Se establece que, en los supuestos de adquisición por contrato o pacto sucesorio, el adquirente se subrogue en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del fallecimiento de este último. Se pretende así evitar una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que la que correspondería si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original. Se homogeniza el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF), con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen, con el objetivo de evitar deslocalizaciones de rentas. De esta manera, se extiende a las ETF extranjeras la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

Asimismo, los segu­ros de vida de ahorro deberán tributar en sede del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque el tomador no tenga derecho de rescate. De ese modo, aunque por regla general los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto, cuando el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total ese día, el seguro se computará por el valor de la pro­visión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador; lo que también será de aplicación en los casos en que se perciban rentas temporales o vitalicias pro­cedentes de un seguro de vida, computándose por el valor así calculado en la base imponible del perceptor.

Medidas antielusión fiscal

Este proyecto de Ley también contempla la transposición de la Directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal. La directiva incorpora varias de las materias tratadas en los informes de la OCDE del Plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan BEPS). Por lo que se incorpora a la legislación española, los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o «Exit Tax».

Así, con el «Exit Tax», cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, las plusvalías generadas tributarán en España.

En relación con la transparencia fiscal internacional, se introducen varias novedades. Así, la im­putación de rentas propia de este régimen no afectará solamente a las obtenidas por entidades participadas por el contribuyente, sino también a las obtenidas por sus establecimientos perma­nentes en el extranjero. Además, también serán objeto de imputación rentas no previstas hasta ahora, como las derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de segu­ros, bancarias y otras actividades financieras.

También prevé volver a otorgar la competencia en la comprobación de requisitos de las SICAV a la AEAT.

Cumplimiento voluntario de las obligaciones

Se modifica el sistema de recargos por extemporaneidad (art. 27.2 LGT) estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1 por ciento por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de doce meses de retraso. A partir del día siguiente del transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15 por ciento, comenzará el devengo de intereses de demora.

En cuanto a la reducción de sanciones (para la que se prevé un régimen transitorio), se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo del 50 % al 65 %, y la prevista para casos de pronto pago del 25 % al 40 %.

Se dispone que la presentación de reiteradas solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie no impedirá el inicio del periodo ejecutivo cuando otras previas hayan sido denegadas y no se haya efectuado el ingreso correspondiente. También se aclara que la declaración de concurso no afecta al periodo voluntario.

Impuesto sobre Actividades Económicas

Se aclara que, a los efectos de aplicar la exención en el IAE, la regla de que la cifra de negocios no pueda superar el millón de euros deberá aplicarse con independencia de la obligación de consolidación contable. Por lo que todas las sociedades pertenecientes a un grupo de sociedades, sin tener en cuenta la obligación o no de consolidar las cuentas contables, deberá de tener en cuenta el total de cifra de negocio de la totalidad del grupo.

Por otro lado, este proyecto de Ley también incluye otro tipo de medidas, entre las que destacamos las siguientes:

– Medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.

– Se adapta el régimen de representación de los no residentes al Derecho de la Unión Europea, de forma que no será exigible que el representante del no residente haya de tener necesariamente domicilio en territorio español.

Según lo expuesto, este proyecto de Ley está pendiente de aprobación por el Parlamento de los Diputados, por lo que de cara a su final redacción es susceptible de recibir modificaciones. De este modo, les informaremos una vez aprobada, de cara a informar de las modificaciones que se produjeran, si las hubiese.

Visto todo lo anterior, como de costumbre, quedamos a su disposición para comentar o ampliar cualquier cuestión relacionada con esta circular; a la espera de las novedades que puedan seguir dándose en relación a este tema.

Departamento Fiscal

Octubre 2020