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LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado 10 de julio de 2021 la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal y de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

La Ley, que entra en vigor al día siguiente de su publicación, transpone de la Directiva europea antielusión fiscal (ATAD) y permite la adaptación de las siguientes herramientas para combatir actuaciones fraudulentas, las prácticas de elusión fiscal y la economía sumergida:

Endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo

Se modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares.

A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Prohibición de amnistías fiscales

Se reconoce de forma expresa la prohibición de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria.

Ampliación del listado de deudores de la Hacienda Pública

Se disminuye de 1.000.000 a 600.000 euros, el importe de las deudas con la Hacienda Pública cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado. Asimismo, se incluye expresamente en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios de la deuda.

Paraísos fiscales

Se actualiza y amplia el concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas. Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.

Además, se habilita al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente.

Lucha contra el software de doble uso

Se establece la prohibición del denominado software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. El objetivo es no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión.

Así, exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Control de criptomonedas

En la actualidad, se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas y por eso se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, situadas tanto en España como en el extranjero, si afecta a contribuyentes españoles.

De este modo, se exigirá la obligación de información sobre saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales. Además, las personas y entidades resididas en España, proveedores de servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, estarán obligadas a suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

Transparencia fiscal internacional e Impuesto sobre Sociedades

Los dividendos y participaciones en el capital y las rentas derivadas de la transmisión se deberán imputar, en todo caso, si se cumplen los requisitos del apartado 1 del artículo 100 (participación igual o superior al 50% y que el impuesto satisfecho por la entidad no residente por un impuesto idéntico o análogo al IS sea inferior al 75% del que habría correspondido en el IS).

Además, si la entidad participada no tuviera una organización de medios materiales y personales adecuada, se deberán imputar todas sus rentas, incluidos los dividendos y rentas derivadas de la transmisión de participaciones, sin excepción alguna para estas últimas.

Nuevo valor de referencia como base imponible para el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)

A la hora de determinar la base imponible de la transmisión o adquisición de bienes inmuebles, ya no se usará como valor de referencia el valor catastral de dichos inmuebles corregido por unos coeficientes multiplicadores, ahora, se crea un nuevo valor de referencia fijado por el Catastro en base al valor asignado en las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario, lo que pretende aproximar al máximo dicha valoración al valor real de mercado y, a la práctica, supone una subida de Impuestos.

Hay que tener en cuenta que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el IIVTNU), pero si afectará a otros Impuestos (IP, ISD o ITP) en los que seguramente aumentará el impacto impositivo.

Ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Se establece que, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios, el beneficiario de los mismos que transmitiera, antes del transcurso de cinco años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos, se subrogará en la posición de este respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos. Se pretende así evitar una actualización de los valores y fechas de adquisición del elemento adquirido que provocaría una menor tributación que la que correspondería si el bien hubiera sido transmitido directamente a un tercero por el titular original.

Para ello, se pretende modificar el artículo 36 del IRPF, que permitirá a Hacienda usar los precios de adquisición antiguos y no los del momento de la firma del pacto sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del heredero. El nuevo redactado establecerá que si se transmite el bien antes del fallecimiento del donante y en los primeros cinco años tras la transmisión se usará la misma fecha y valor de adquisición que tenía el donante para calcular la ganancia o pérdida en el IRPF.

Esto implica un incremento en el IRPF para los sucesores de los contribuyentes dado que Hacienda hará uso de los precios de compra antiguos, por lo que previsiblemente el Fisco atribuirá beneficios altos a los sucesores al ser los precios de adquisición de más tiempo menores que los de la actualidad.

Esta modificación se introduce junto con un régimen transitorio que solo será aplicable a las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que hubieran sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente.

Por otro lado, se homogeniza el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF), con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen, con el objetivo de evitar deslocalizaciones de rentas. De esta manera, se extiende a las ETF extranjeras la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

Ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Los segu­ros de vida de ahorro deberán tributar en sede del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque el tomador no tenga derecho de rescate. De ese modo, aunque por regla general los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto, cuando el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total ese día, el seguro se computará por el valor de la pro­visión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador; lo que también será de aplicación en los casos en que se perciban rentas temporales o vitalicias pro­cedentes de un seguro de vida, computándose por el valor así calculado en la base imponible del perceptor.

Medidas antielusión fiscal

La Ley también contempla la transposición de la Directiva europea de antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal. La directiva incorpora varias de las materias tratadas en los informes de la OCDE del Plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan BEPS). Por lo que se incorpora a la legislación española, los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o «Exit Tax».

Así, con el «Exit Tax», cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, las plusvalías generadas tributarán en España.

En relación con la transparencia fiscal internacional, se introducen varias novedades. Así, la im­putación de rentas propia de este régimen no afectará solamente a las obtenidas por entidades participadas por el contribuyente, sino también a las obtenidas por sus establecimientos perma­nentes en el extranjero. Además, también serán objeto de imputación rentas no previstas hasta ahora, las derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de segu­ros, bancarias y otras actividades financieras.

También prevé volver a otorgar la competencia en la comprobación de requisitos de las SICAV a la AEAT.

Cumplimiento voluntario de las obligaciones

Se modifica el sistema de recargos por extemporaneidad (art. 27.2 LGT) estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1% por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de doce meses de retraso. A partir del día siguiente del transcurso de los doce meses citados, además del devengo del recargo del 15%, comenzará el devengo de intereses de demora (aunque se excluirán las sanciones que hubieran podido exigirse).

La nueva redacción del apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.

En cuanto a la reducción de sanciones (para la que se prevé un régimen transitorio), se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo del 50% al 65%, y la prevista para casos de pronto pago del 25% al 40%; manteniéndose la reducción por conformidad al 30%.

Se dispone que la presentación de reiteradas solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie no impedirá el inicio del periodo ejecutivo cuando otras previas hayan sido denegadas y no se haya efectuado el ingreso correspondiente. También se aclara que la declaración de concurso no afecta al periodo voluntario.

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

Se aclara que, a los efectos de aplicar la exención en el IAE, la regla de que la cifra de negocios no pueda superar el millón de euros deberá aplicarse con independencia de la obligación de consolidación contable. Por lo que todas las sociedades pertenecientes a un grupo de sociedades, sin tener en cuenta la obligación o no de consolidar sus cuentas contables, deberá de tener en cuenta el total de cifra de negocio de la totalidad del grupo.

Se incluyen en la ley otro tipo de medidas, entre las cuales destacamos las siguientes:

  • Medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas.
  • Se adapta el régimen de representación de los no residentes al Derecho de la Unión Europea, de forma que no será exigible que el representante del no residente haya de tener necesariamente domicilio en territorio español.

Además, se han aprobado las siguientes enmiendas:

  • Las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI) tributarán al 15% por sus beneficios no distribuidos.
  • Se refuerza el control de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), estableciéndose un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser cien.
  • Se ha aprobado la modificación del tipo de gravamen del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Impuesto de Matriculación), para adecuarlos a la nueva medición de emisiones de CO2 con el nuevo procedimiento WLTP (protocolo de homologación de vehículos en el seno de la Unión Europea). Los principales cambios son:
    • Se congela hasta el 31 de diciembre la subida del Impuesto de Matriculación prevista inicialmente.
    • Los vehículos que emitan hasta un máximo de 144 gramos de CO2 por kilómetro (antes 120) no pagarán impuesto; aquellos que emitan entre 144 y 192 gramos (antes de 120 a 160) pagarán el 4,75%; los que emitan entre 192 y 230 gramos (antes entre 160 y 200) pagarán el 9,75% y los vehículos que emitan más de 240 gramos (antes más de 200) pagarán el 14,75%.
  • Por último, se refuerzan las garantías judiciales de las inspecciones de la Agencia Tributaria en el domicilio de un contribuyente, que deberá obtener el consentimiento bien del obligado tributario, bien una autorización judicial justificada, que deberá incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad.

Entrada en Vigor

Salvo en algunas concreciones, la ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Visto todo lo anterior, como de costumbre, quedamos a su disposición para comentar o ampliar cualquier cuestión relacionada con esta circular.

Departamento Fiscal

Julio 2021