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Ley 11/2018, de 28 de diciembre por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre modifica, entre otros, el contenido el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, “LSC”) en lo que respecta a la acreditación de la realidad de las aportaciones, el plazo de pago completo de los dividendos y el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, tal y como especificamos a continuación:

  • Acreditación de la realidad de las aportaciones (Art. 62 LSC):

«1. Ante el notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella.

2. No obstante lo anterior, no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las mismas.

3. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha.

4. En tanto no transcurra el periodo de vigencia de la certificación, la cancelación del depósito por quien lo hubiera constituido exigirá la previa devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora.»

Esta nueva redacción implica que, a partir de la fecha, no será necesario acreditar ante el notario autorizante de la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada el correspondiente certificado bancario de aportaciones dinerarias, siempre y cuando los socios fundadores efectúen ante el referido notario la manifestación requerida al efecto.

  • Momento y forma del pago del dividendo (Art. 276 LSC):

«1. En el acuerdo de distribución de dividendos determinará la junta general el momento y la forma del pago.

2. A falta de determinación sobre esos particulares, el dividendo será pagadero en el domicilio social a partir del día siguiente al del acuerdo.

3. El plazo máximo para el abono completo de los dividendos será de doce meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución.»

La inclusión de este apartado supone que los dividendos aprobados en la junta general deberán ser abonados, en su totalidad, por la sociedad a los socios o accionistas, en proporción a su participación en el capital social o en la proporción indicada en los estatutos sociales, en un plazo máximo de doce meses a contar desde la celebración de la referida junta general, ello con independencia de que la propia junta hubiera determinado un plazo superior al reseñado.

  • Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos (Art. 348 bis LSC):

«1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas.»

El legislador ha optado por darle un contenido más detallado a este articulado objeto de múltiples controversias. La modificación más relevante es que ahora los Estatutos Sociales podrán incluir expresamente la no aplicación de este derecho de separación si la sociedad no reparte dividendos, en caso de acuerdo unánime de los socios.

Aparte de la modificación destacada, se han introducido los siguientes cambios:

– Se modifica la base de cálculo del importe mínimo a repartir para evitar el derecho de separación. Si bien antes el reparto mínimo era de un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social, ahora pasa a un veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles siempre que (i) hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores (para poder compensar pérdidas acumuladas) y (ii) el total de los dividendos repartidos durante los últimos cinco años no equivalga, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles en dicho periodo.

– Se elimina la referencia a los «beneficios propios de la explotación del objeto social», para evitar la posible inseguridad jurídica que genera la interpretación de este concepto y su determinación.

– Se sustituye la expresión «a partir del quinto ejercicio» por «transcurrido el quinto ejercicio», para evitar que el derecho pueda ejercitarse al comienzo del quinto ejercicio respecto de las cuentas del cuarto.

– Se amplían los supuestos en los que este derecho de separación no aplica: (1) sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación; (2) sociedades que se encuentren negociando un acuerdo de refinanciación, una propuesta anticipada de convenio o un acuerdo extrajudicial de pagos conforme a la Ley Concursal; (3) sociedades que hayan alcanzado un acuerdo de refinanciación irrescindible conforme a la Ley Concursal; (4) sociedades en concurso de acreedores; y, (5) sociedades anónimas Deportivas.

 

Enero de 2019

Departamento Jurídico