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CORONAVIRUS XXIII.- Real Decreto-ley 25/2020

El pasado 3 de julio, el gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 25/2020 por el que se aprueban una serie de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo; entre ellas figuran las siguientes medidas de índole financiero:

(i) La aprobación de una línea de avales que será canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 40.000 millones de euros y dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial. Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

(ii) La creación por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

(iii) La aprobación del programa «Renove 2020» para la renovación del parque de vehículos (ayudas que pueden ir desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario).

(iv) La aprobación de una batería de medidas tendentes a apoyar al sector turístico español.

  •  Se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico.
  • Se aprueba la creación del instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos» cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.
  • Se aprueba una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística (de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito). Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

(v) Por último, establece reglas para regular la colaboración público-privada para el desarrollo de medicamentos o productos sanitarios, en materia de COVID-19, a partir de proyectos de investigación con financiación pública en organismos pertenecientes al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como de costumbre, seguiremos informándoles de las novedades que puedan seguir surgiendo a los efectos de afrontar las consecuencias a las que nos ha abocado esta pandemia y sobre cualquier otra medida que pueda afectarles y, si tienen alguna duda en su aplicación, no duden en consultarnos.

Departamento Fiscal

Julio 2020