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CORONAVIRUS (X).- Real Decreto-Ley 11/2020, Medidas complementarias y plazos societarios.

De forma complementaria a las medidas fiscales y laborales expuestas en detalle aparte, se han previsto diferentes medidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que pueden ser de interés:

Medidas relativas a los arrendamientos de vivienda.

  • Desde el momento en que se levante el estado de alarma quedarán suspendidos los lanzamientos de los arrendatarios de vivienda que hayan incurrido en causa de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, por un período máximo de seis meses.
  • Se prevé una prórroga extraordinaria por un período máximo de seis meses que el arrendatario podrá solicitar, y el arrendador estará obligado a aceptar, en aquellos contratos cuyas vigencias o prórrogas obligatorias finalicen dentro de los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma.
  • Los arrendatarios que acrediten haber incurrido en causa de vulnerabilidad, y cuyos arrendadores sean una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, podrán optar entre una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes (si el plazo inicial fuere insuficiente), con un máximo de cuatro meses, y una moratoria en el pago de la renta, por idéntico período, y a devolver mediante el fraccionamiento de las cuotas durante un plazo mínimo de tres años.

Serán responsables por los daños y perjuicios que hayan podido causar al arrendador los arrendatarios que se beneficien de las medidas anteriores sin encontrarse en supuesto de vulnerabilidad sobrevenida de conformidad con lo previsto en la norma, o si hubiese incurrido voluntariamente en dicha situación para poder beneficiarse de dichas medidas.

  • Los arrendatarios que incurran en causa de vulnerabilidad y cuyos arrendadores no sean una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, podrá solicitar al arrendador, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley (31 de marzo de 2020), un aplazamiento o fraccionamiento temporal en el pago de la renta.

A esta solicitud deberá responder el arrendador en los siete días siguientes proponiendo las condiciones del aplazamiento o fraccionamiento.

Si no se alcanzare acuerdo, el arrendatario podrá acceder al programa de ayudas transitorias de financiación aprobado por el Gobierno, que desarrollamos en el siguiente apartado.

  • Se prevé el desarrollo de una línea de avales para el pago de las rentas de vivienda habitual, que podrán solicitar aquellos arrendatarios que hayan incurrido en situación de vulnerabilidad por las medidas adoptadas por el Gobierno durante el estado de alarma. Estos avales no generarán intereses ni gastos y deberán devolverse en un período máximo de seis años (prorrogables excepcionalmente otros cuatro), siendo el importe máximo del aval el correspondiente a seis mensualidades de la renta.
  • Se prevé la incorporación al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de un nuevo programa de ayudas al alquiler denominado “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, al que podrán acogerse los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, y que otorgará ayudas para el pago de la renta de hasta 900 euros al mes con el límite de la totalidad de la renta arrendaticia, o totalidad del principal e intereses del préstamo que haya suscrito el arrendatario para satisfacer el pago de su vivienda habitual.

Serán responsables por daños y perjuicios los arrendatarios hayan tenido acceso a ayudas públicas sin encontrarse en supuesto de vulnerabilidad sobrevenida de conformidad con lo previsto en la norma, o si hubiesen incurrido voluntariamente en dicha situación para poder beneficiarse de dichas medidas.

  • A los efectos de este apartado, se considerará que han incurrido en situación de vulnerabilidad económica las personas que, estando obligadas a pagar una renta de alquiler, entren en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan la pérdida sustancial de ingresos, cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no alcance tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Límite se verá incrementado progresivamente si la unidad familiar tiene hijos a su cargo, mayores de 65 años a su cargo, o miembros con discapacidad superior al 33 por ciento a su cargo.
  • Además, para poderse acoger a las anteriores medidas, el total de la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, debe resultar superior o igual al 35 por ciento de los ingresos netos percibidos por el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Medidas relativas a los prestatarios con garantía hipotecaria

  • Los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el COVID-19 podrán solicitar al acreedor hipotecario, hasta quince días después de la finalización de la vigencia de la norma (un mes tras la finalización del estado de alarma, por lo que aquí respecta) una moratoria durante un plazo de tres meses para el pago de las cuotas hipotecarias de préstamos para la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica o empresarial.
  • Idénticas medidas se aplicarán, asimismo, a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto a de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.
  • Los aranceles notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la moratoria hipotecaria serán satisfechos en todo caso por el acreedor.
  • Para poderse beneficiar de las medidas anteriores, se considerará que el deudor ha incurrido en situación de vulnerabilidad económica cuando el beneficiario pase a estar en situación de desempleo, o sufra una caída sustancial en su facturación o pérdida sustancial de ingresos de al menos un 40%, cuando sea un empresario o profesional, siempre y cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no alcance tres veces el IPREM (límite que podrá verse incrementado en función de las circunstancias personales y familiares del beneficiario), el total de las cuotas hipotecarias, más los gastos y suministros básicos a que tenga que hacer frente el beneficiario en su domicilio habitual sean igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, y el esfuerzo económico de la unidad familiar para poder hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias se haya multiplicado al menos por 1,3 a causa de las medidas promulgadas durante el estado de alarma.

Medidas relativas a los prestatarios sin garantía hipotecaria

  • Los deudores de préstamos y créditos sin garantía hipotecaria anteriores a la fecha de publicación de la norma podrán solicitar a su acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la suspensión del pago de sus cuotas durante tres meses y sin intereses, siempre y cuando hayan incurrido en situación de vulnerabilidad económica con causa de las medidas adoptadas por el Gobierno en la lucha contra el COVID-19.

Esta suspensión también afectará a los fiadores y avalistas del deudor principal.

Serán responsables por daños y perjuicios los deudores no hipotecarios que se hayan visto beneficiados de las medidas de suspensión de sus obligaciones sin reunir los requisitos exigidos para ello en la norma.

  • Los fiadores o avalistas señalados en el apartado anterior podrán exigir, en todo caso, que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles el pago de la deuda, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
  • Se considerará, en este caso, que han incurrido en situación de vulnerabilidad económica quienes cumplan los requisitos mencionados a tal efecto para las medidas relativas a los prestatarios con garantía hipotecaria, con algunas especificaciones.

Medidas relativas a garantizar los suministros en la vivienda habitual

  • Tendrán la consideración jurídica de “consumidor vulnerable”, y derecho a percibir el bono social en el pago de suministros para vivienda habitual los autónomos que hayan visto reducida su facturación en, al menos, un 75 por ciento respecto al semestre anterior a causa de las medidas de lucha contra el COVID-19, durante el mes anterior a la solicitud del bono social, no pudiéndose extender esta consideración más allá de seis meses desde su devengo.
  • Para poder acceder a esta calificación y tener acceso al bono será necesario, asimismo, el cumplimiento de una serie de requisitos de ingresos máximos por unidad familiar, de conformidad con lo previsto en la norma.
  • Durante el tiempo que dure el estado de alarma no podrán suspenderse los suministros de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, salvo por motivos de seguridad del suministro, en su caso.

Medidas de flexibilización en los suministros para autónomos y PYMES

Se establece un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo, por parte de autónomos y empresas, durante el tiempo que dure el estado de alarma.

Asimismo, se les exime de afrontar el pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos consumos durante el periodo de suspensión del pago.

Medidas sobre contratos de compraventa de bienes y prestación de servicios

Se faculta a los consumidores y usuarios para ejercer el derecho a resolver cualquier contrato de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, cuyo cumplimiento hubiese resultado imposible por la promulgación del estado de alarma, durante un plazo de 14 días.

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad. No obstante, el contrato no queda rescindido.

Medidas relativas a viajes combinados

En el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados, que hayan sido cancelados con motivo del COVID-19, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o por hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista, y que podrá utilizarse en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.

Modificaciones de las obligaciones Mercantiles que afectan a las Sociedades de Capital

Consecuencia de la suspensión de plazos administrativos y la duración del estado de alarma, también queremos informarles de cómo quedan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles de las sociedades de capital durante el estado de alarma, después de todas las medidas aprobadas hasta el momento. Dichos plazos aquí previstos podrían verse alterados en caso de prórroga aprobada por el Congreso de los Diputados del actual estado de alarma.

  • Formulación de las Cuentas Anuales por los administradores: El plazo finalizará transcurridos 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Es decir, en fecha 11 de julio de 2020.

No obstante, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano administración durante el estado de alarma, pudiendo realizar igualmente su verificación contable por un auditor dentro del plazo legalmente previsto, o acogiéndose a la prórroga descrita en el apartado siguiente.

  • Emisión y presentación del informe de auditoría:

– Para el caso que los administradores hubieran formulado las Cuentas Anuales antes del día 14 de marzo de 2020, o durante la vigencia del estado de alarma, el plazo finalizará el día 11 de mayo de 2020.

– Para el caso que los administradores formulen las Cuentas Anuales tras la finalización del estado de alarma, pero no más tarde del día 11 de julio de 2020, el plazo terminará entonces el día 11 de agosto de 2020.

  • Legalización de los libros oficiales (contables y mercantiles): Debe realizarse dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. No obstante, al haberse suspendido los plazos administrativos desde el día 14 de marzo de 2020, este plazo se reanudará una vez finalizado el estado de alarma (12 de abril, salvo prórroga) y finalizará el día 29 de mayo de 2020.
  • Aprobación de las Cuentas Anuales por parte de la Junta General de Accionistas o Socios: El plazo finalizará a los tres meses de la formulación de las Cuentas, es decir, no más tarde del día 11 de octubre de 2020.
  • Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil: El plazo finaliza un mes después de la aprobación de las Cuentas Anuales, es decir, no más tarde del día 11 de noviembre de 2020.

Departamento Fiscal

3 de abril de 2020