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CORONAVIRUS (VIII) – Real Decreto-Ley 11/2020 Novedades fiscal.

Ayer se publicó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En el ámbito tributario se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma; en particular:

1.- Aplazamiento de deudas aduaneras

Se extiende a las deudas aduaneras presentadas desde el 2 de abril hasta el 30 de mayo la flexibilización de aplazamiento sin garantía que el Real Decreto-ley 7/2020 estableció para algunas autoliquidaciones tributarias (aplazamiento de hasta 30.000 euros durante seis meses, tres sin intereses, cuando el destinatario de la mercancía tenga un volumen de operaciones que no supere los 6.010.121,04 euros en el ejercicio 2019).

Este aplazamiento no será de aplicación para aquellas entidades que liquiden las cuotas de IVA a la importación mediante el sistema de IVA diferido.

2.- Extensión del ámbito de aplicación de las medidas de suspensión de plazos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Se señala que lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020 es aplicable a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley General Tributaria y sus reglamentos desarrollo, que se hubieren iniciado antes del 18 de marzo de 2020 y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.- Ampliación del plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones administrativas.

Desde el 14 de marzo de 2020,  hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones administrativas comenzará a contarse desde el 30 de abril de 2020; aplicándose tanto en los casos en que se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación.

Durante ese mismo período quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria, y esos mismos días no computan en el plazo para la ejecución de las resoluciones económico-administrativas.

4.- Limitar la exención del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados a las escrituras de formalización de novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios regulada en la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2020 a las que están vinculadas a la adquisición de la vivienda habitual.

5.- Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Posibilidad de que, hasta el próximo 14 de septiembre, los partícipes de los planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 LIRPF, puedan solicitar el reembolso de los derechos consolidados en los siguientes supuestos:

– Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

-Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

– En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El importe de los derechos consolidados no podrá superar el importe de los salarios o ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir, deberá reembolsarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente y tributará en su declaración de la Renta como si de un rendimiento del trabajo se tratase (por lo que, si no se establece lo contrario, se deberán reponer las reducciones en la base imponible indebidamente practicadas en ejercicios anteriores, mediante las oportunas autoliquidaciones complementarias, con inclusión de los intereses de demora).

Departamento Fiscal

2 de abril de 2020