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CORONAVIRUS (IV)- Real decreto-LEY 8/2020, de 17 de marzo

En el día de hoy, se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entrando en vigor hoy mismo (manteniendo su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de su posterior prórroga) y implementado las siguientes medidas en el ámbito fiscal:

I.- El Ministerio otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. Por un importe máximo de 100.000 millones de euros.

II.- Línea extraordinaria de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, para PYME internacionalizadas o en proceso de internacionalización.

III.- Al margen de ciertas especificidades en procedimientos aduaneros y a ante la Dirección General del Catastro, se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos que no hayan concluido a día de hoy, en la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y hasta el 20 de mayo de 2020 los que se comuniquen a partir de ahora, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será éste el que resultará de aplicación:

– Los plazos de pago de la deuda tributaria en período voluntario (art. 62.2 LGT) y en período ejecutivo (art. 62.5 LGT) resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.

– Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.

– Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación.

– Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.

NO se amplían los plazos para presentar las Autoliquidaciones Tributarias (IVA, IRPF, etc…).

IV.- El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Tampoco computará a efectos de los plazos de prescripción, ni a efectos de los plazos de caducidad.

V.- Exención de la cuota gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de este mismo Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por otro lado, también es preciso tener presente los cambios introducidos en la formulación, auditoría y aprobación de las Cuentas Anuales:

a) El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

b) En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

c) La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. En el caso de entidades cotizadas, la junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.

Por último, también cabe mencionar que la Agencia Tributaria de Cataluña, frente a esta excepcional situación, a parte de adoptar las mismas medidas de aplazamiento de procedimientos tributarios ya descritas en párrafos anteriores, también ha acordado la moratoria en el plazo de presentación de autoliquidaciones y pago de todos los impuestos propios y cedidos a la propia Generalitat de Cataluña, hasta que finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno, y aprueba una ayuda de hasta 2.000 euros para aquellos trabajadores autónomos dedicados a  actividades de las que se haya decretado el cierre y que, a la vez, acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación.

Departamento Fiscal

18 de marzo de 2020