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CORONAVIRUS (III): Medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19. Ámbito laboral

La presente es informarle del RDL 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18-03-2010) en el ámbito laboral, medidas que se mantendrán durante un mes, sin perjuicio de que, se pueda prorrogar su duración por decisión del Gobierno.

Las medidas son las siguientes:

Carácter preferente del trabajo a distancia.

Se establece que el trabajo a distancia debe ser prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. En estos casos se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando:

  1. Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.
  2. Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
  3. Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

La concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del ET, cuando concurran las circunstancias excepcionales descritas anteriormente, con la reducción proporcional de su salario, que deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento.

Suspensión de los contratos de trabajo y reducciones de jornada (ERTE):

Las empresas que lo necesiten podrán presentar ante la Autoridad Laboral correspondiente, expedientes de regulación de empleo temporal por suspensión de contrato o reducción de jornada, por:

Causas de FUERZA MAYOR: tiene que haber una causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración de estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia publica, restricciones en el transporte público, y en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o a la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

En este caso la empresa deberá presentar una solicitud a la Autoridad Laboral, acompañar un informe relativo a la vinculación de la perdida como consecuencia del COVID-19, con la correspondiente documentación acreditativa, así como comunicar la decisión y dar traslado de la citada documentación a las personas trabajadoras o a la representación de estas.

La Autoridad Laboral, deberá constatar la existencia de fuerza mayor, podrá pedir de forma potestativa informe a la Inspección de Trabajo, y deberá dictar resolución en el plazo de 5 días desde la solicitud y constatar la existencia de fuerza mayor, que de ser así surtirá efectos desde el hecho causante de la fuerza mayor.

Las empresas de menos de 50 empleados que se acoja a este expediente no tendrán que asumir el coste de Seguridad Social, si bien las empresas de más de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 75% de la cuota empresarial.

Por causa ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA y de PRODUCCIÓN: en estos supuestos de suspensión de contrato de trabajo o reducción de jornada relacionadas con el COVID-19 se aplicará las siguientes especialidades respecto la actual normativa:

La comisión representativa de los trabajadores (ad hoc) deberá constituirse en el plazo de 5 días. El periodo de consultas entre la empresa y los trabajadores no podrá exceder de 7 días, y el informe de la Inspección de Trabajo se podrá pedir de forma potestativa por la Autoridad Laboral en el plazo máximo de 7 días.

Otras consideraciones a tener en cuenta: no se requiere autorización administrativa para su ejecución por parte de la Autoridad Laboral (a diferencia del expediente instado por causa de FUERZA MAYOR); los efectos de la suspensión son desde que se presente el acuerdo ante la Autoridad laboral y la empresa pagará las cuotas de la Seguridad Social.

Cuestiones comunes tanto en los expedientes instados por causa de FUERZA MAYOR, como por causa ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA y de PRODUCCIÓN, podemos señalar lo siguiente: la prestación por desempleo que puede percibir el trabajador afectado será un máximo de 1.098,09 euros (si no tuviera hijos), 1.254,96 euros (si tuviera un hijo) y 1.411,83 euros (si tuviera dos o más hijos); se tendrá derecho a la prestación por desempleo, aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello; y no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Trabajadores por cuenta propia o autónomos:

Se establece una prestación extraordinaria para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ello bajo unas determinadas circunstancias. Esta prestación extraordinaria tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.

Salvaguarda del empleo:

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Departamento Laboral

18 de marzo de 2020