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Coronavirus (I): Derechos y Obligaciones en el ámbito laboral

El motivo de la presente circular es informarles acerca de las actuaciones que debe llevar a cabo el sector empresarial como consecuencia de la aparición del CORONAVIRUS (COVID-19). Dicha situación, que origina continuas dudas tanto a empleadores como a empleados, conlleva una serie de derechos y obligaciones en el ámbito laboral y en el de prevención y de vigilancia en la salud, que desarrollamos a continuación.

Haremos también referencia a las disposiciones recientemente publicadas en esta materia.

Obligaciones que tiene la empresa respecto de los trabajadores:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga a la protección de la salud de las personas trabajadoras. Ello implica informar acerca de las medidas preventivas a adoptar de acuerdo con el servicio de prevención, organizar y, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, paralizar la actividad con abandono inmediato del lugar de trabajo (articulo 21 de la LPRL).

En todo caso, las empresas deben adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio de prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad empresarial. Entre otras medidas, citamos las siguientes:

  1. Reducir el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona (distribución irregular de la jornada, teletrabajo, turnos de trabajo, traslado provisional de un centro de trabajo a otro, etc.).
  2. Adoptar medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles.
  3. Proporcionar información sobre medidas higiénicas (lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, limpieza de superficies y objetos, etc.).

En este sentido, las empresas deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que fuesen precisos.

Facultad de las personas trabajadoras de interrumpir la actividad:

La paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras solamente puede darse en caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por CORONAVIRUS, ya sea bien a instancia de los trabajadores mayoritariamente, representación de los trabajadores o delegados de prevención.

La interpretación que debe darse a la situación de riesgo grave e inminente debe efectuarse de forma restrictiva. La mera suposición o alarma social generada no es suficiente, debiendo realizarse una valoración objetiva que determine una elevación del riesgo de contagio.

Aislamiento preventivo de un trabajador decretado por las autoridades sanitarias:

De acuerdo con el reciente Criterio 2/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, los períodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del CORONAVIRUS serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. No obstante, y según lo establecido por el R.D.L. 6/2020 de 10 de marzo (BOE 11/03/2020), se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus, lo que supone una mejora de la prestación al percibir desde el día siguiente a la baja laboral, el 75% de la base reguladora con cargo a la administración.

Medidas organizativas que puede adoptar la empresa:

En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como una medida que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, el teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual, con un carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una vez se hayan establecido los ajustes o precauciones necesarias de tipo sanitario y preventivo, y conforme a los procedimientos regulados en el Estatuto de los Trabajadores (ET).

En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organizativa requerirá:

  1. Que se configure como una medida de carácter temporal y extraordinaria.
  2. Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable.
  3. Que no suponga una reducción de derechos laborales, y
  4. Que dicha medida no suponga coste alguno para el empleado.

Suspensión de los contratos de trabajo, reducción de la jornada o cese de actividad:

Si por decisión de las autoridades sanitarias o bien de manera indirecta por los efectos del CORONAVIRUS la empresa se viese en la necesidad de suspender la actividad de manera total o parcial, existen mecanismos para suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada de trabajo, a través de los expedientes de regulación de empleo (ERE). La tramitación de un ERE debe seguir el procedimiento establecido, que incluye el preceptivo periodo de consultas con la representación del personal o comisión ad hoc constituida al efecto.

Los motivos para instar dicho expediente, puede ser de tipo organizativo, productivo, técnico o económico, como una escasez o falta total de aprovisionamientos de elementos o recursos necesarios para el desarrollo de la actividad, descenso de la demanda o imposibilidad de prestar servicios.

En el supuesto de que se decrete o declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan legalmente.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador.

Aplazamiento de pago de las cuotas a la Seguridad Social y otras medidas:

La Seguridad Social ultima una moratoria de tres meses para el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores autónomos de las zonas más afectadas por la epidemia (Madrid, La Rioja y País Vasco). Esta medida junto a otras relacionadas en materia de conciliación de los padres por la suspensión de las clases de los hijos parece ser se regulará esta semana, lo que les informaremos puntualmente.

Departamento Laboral

12 de marzo de 2020